Expertos VIU | Dr. Tomás Gómez Franco. Reforma del plan de pensiones ¿Qué se ha aprobado? ¿Cómo nos afecta? y ¿Cómo valora la reforma?

Tras su aprobación en el consejo de ministros, la reforma del sistema de pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera ahora su aprobación parlamentaria, mediante la cual entraría en vigor en 2022. Cómo es lógico esta reforma ha despertado gran interés en la opinión pública y han surgido numerosas dudas respecto a su alcance, consecuencias e implicaciones. Para contribuir a esclarecer algunas de estas interrogantes, le pedimos a nuestro docente Dr. Tomás Gómez Franco que nos respondiera algunas preguntas al respecto.

Tomás Gómez Franco es doctor en Economía, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y graduado en Derecho. Además, es exdirigente del PSOE, fue secretario general del partido en Madrid, alcalde de Parla, y diputado, senador y portavoz en la Asamblea de Madrid. Es docente del Grado en Administración y Dirección de Empresas en VIU.

¿Qué se ha aprobado?

Se ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Si el trámite parlamentario continua con normalidad, la reforma debería estar vigente en enero de 2022.

Además de las modificaciones en las prestaciones, la reforma cambia la forma de financiación el sistema. A partir de su aprobación, la fuente de ingresos no serán solo las cotizaciones de los trabajadores en activo, los Presupuestos Generales del Estado incorporarán una aportación para el mantenimiento del sistema.

¿Qué queda por aprobar?

Queda por concretar como cotizarán los trabajadores autónomos, el espinoso tema del cómputo del periodo para la percepción de la pensión y concretar las bases máximas de cotización para lo que habría que cerrar aun acuerdos sociales y políticos. 

¿Cómo nos afecta?

Los aspectos más destacados son:

1.-Las pensiones se revalorizarán cada año según el IPC del año anterior. Esto asegura el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los pensionistas.

2.-Se incentiva la demora en la edad de jubilación con mecanismos como incrementar en 4% la cuantía de la prestación, compensar con una cantidad a tanto a alzado o una combinación de ambas.

3.-Se penalizará en mayor medida la jubilación anticipada.

¿Qué valoración haces respecto a la reforma?

Hasta el momento, en España, las pensiones responden a una organización del sistema caracterizado por ser lo que se ha denominado público y de reparto. Esto se traduce en que los trabajadores que están en el mercado laboral y los empresarios, con sus cotizaciones, pagan las pensiones de los que ya se han jubilado.

Es decir, no cotizamos en un fondo de ahorro que nos revertirá con intereses cuando nos jubilemos, sino que, en realidad, lo transferimos a nuestros padres pensionistas y, cuando nos jubilemos, nuestros hijos lo harán por nosotros. Esta es la diferencia respecto a un sistema de capitalización privado.

Ha habido mucha controversia en cuanto a la bondad del modelo, pero en el fondo lo que subyace son diferentes ideologías políticas: más Estado frente a menos, individualismo frente a colectividad o intervencionismo frente a liberalismo.

Los enemigos del sistema han basado su ataque frontal en la dificultad para asegurar la sostenibilidad del mismo. Es decir, los defensores de los planes privados de pensiones como instrumentos de ahorro para la hora de la jubilación, arguyen que el sistema es deficitario y, a la larga, insostenible.

El Gobierno ha apostado por asegurar su financiación, apuntalando el sistema mediante la inyección de dinero que no procede de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino de los impuestos.

Es lógica la reforma, la socialdemocracia es ideológicamente rawlsiana, y esa concepción del liberalismo igualitario se fundamenta en el fortalecimiento del Estado de Bienestar, esto es, Sanidad, Educación y Pensiones en su versión más clásica.

La elección política como sociedad es sencilla. Se trata de elegir entre crear una red de solidaridad de la que nadie se cae entre sus rendijas o que cada uno afiance su posición de manera individual sin atender a los demás.

Pero la solidaridad no es gratis. La medida supondrá un incremento de gasto público calculado en torno al 2,5% del PIB en los próximos 30 años. Evidentemente, esto supondrá una revisión de los ingresos tributarios.

Si bien, la medida despeja algunas incógnitas, especialmente en cuanto a la jubilación de los nacidos en el baby boom de los sesenta y parte de los setenta del siglo XX, a mi juicio, la sostenibilidad del sistema siempre se ha abordado de manera incompleta porque solo se tiene en cuenta la evolución demográfica.

Es decir, menos nacimientos, mayor esperanza de vida y más jubilados se traducirían en problemas de financiación del sistema. Efectivamente, la inversión del pirámide poblacional no ayuda a la sostenibilidad del sistema, pero, el problema de fondo es el modelo productivo español.

Cuando un trabajador se jubila lo hace, generalmente, con bases altas de cotización. Sin embargo, cuando un joven se incorpora al mercado laboral, lo hace con salarios jibarizados cuya cotización a la Seguridad Social no cubre la de un pensionista.

Menos jóvenes con menos salarios no cubren las pensiones de más jubilados con altas cotizaciones.

Aunque la financiación adicional a través de los Presupuestos es importante, los impuestos que se recaudan dependen de la renta del país. Es decir, que o se aumenta la productividad del trabajo y, con ella los salarios, o las tensiones de déficit seguirán aumentando. Por último, incentivar retardos en la edad de jubilación es una medida más adecuada y, probablemente, más eficaz que la imposición de la elevación.